LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA PONE LA LUPA EN EL FÚTBOL
EUGENIO VIÑAS. HOY La Fundación VCF necesita el aval de la Generalitat para renegociar la deuda del organismo y el club con Bankia, pero la investigación europea limita los movimientos del gobierno autonómico
VALENCIA.
Esta misma semana la Fundación VCF ha renovado su presidencia e incrementado su patronato. Con la nueva alineación, el propietario del Valencia CF pretende resolver la encrucijada económica en la que se encuentran club y Fundación. Para ello, el organismo que posee el 70,4% de las acciones de la sociedad, ha declarado durante las últimas semanas la necesidad de contar con el aval delInstituto Valenciano de Finanzas para poder sentarse con Bankia, la entidad financiera -Bancaja, entonces- que extendió el crédito gracias al que pudo comprar los títulos en 2009.
Durante los últimos años con Francisco Camps como president de la Generalitat Valenciana, el IVF concedió créditos por valor 119 millones de euros a Valencia CF, Elche CF y Hércules CF; los tres clubes de fútbol con mayor número de socios en las tres ciudades con mayor población de la Comunitat. Aquellos avales permitieron evitar el concurso de acreedores o la quiebra de estas sociedades anónimas deportivas, algo que llamó especialmente la atención de la Comisión de Competencia de la Unión Europea.
Esta Comisión, tal y como ha reconocido su máximo responsable, el exministro español y exsecretario general del PSOE Joaquín Almunia, ha seguido con detenimiento losmovimientos de dinero público en torno a los clubes de fútbol de todo el continente. Unos movimientos que, en el caso del Valencia CF, cuyo aval extendido a través de un instituto público asciende a 81 millones de euros, tiene su particular literatura pública acerca de si contó o no con la aprobación de sus responsables técnicos.
Estos movimientos habrían creado, según apuntan los indicios por los cuales Bruselas ya ha reclamado documentación a este instituto, una posible ruptura del mercado de libre competencia, incrementando las posibilidades en cualquier caso a unas empresas cuyo capital sigue siendo privado y su naturaleza no está exenta de lucro.
LA UE PONE LA LUPA SOBRE EL FÚTBOL
Sin embargo, el caso de la Comunitat sólo es uno más dentro del entorno europeo. Durante los últimos meses la Comisión de la Competencia ha puesto especial interés en investigar los movimientos entre los estamentos públicos y los clubes de fútbol en toda Europa. Esta misma comisión, más allá de la "reclamación de datos" en torno a estos movimientos del IVF reconocida por fuentes de la Generalitat, ha asegurado que investiga a diferentes clubes en diferentes países.
Entre otros, la Comisión ha reconocido que investiga a cinco clubes holandeses por posible ayuda estatal. NEC Nijmegen, FC Den Bosch, MVV Maastricht, Willem II Tilburg y PSV Eindhoven son investigados por como las diferentes administraciones locales han intervenido a su favor en sus negocios inmobiliarios.
El caso del PSV Eindhoven, por su popularidad y volumen, es el más destacado dentro de la rama holandesa de la investigación por parte de la Comisión. El ayuntamiento de la ciudad sureña de los Países Bajos compró y alquiló unos terrenos al PSV por casi 50 millones de euros. Y es que la Comisión de la Competencia ha puesto también su atención en las concesiones públicas relacionadas con los aspectos urbanísticos e inmobiliarios, por lo que las recalificaciones también están en el punto de mira de este grupo de trabajo.
ALMUNIA CREE QUE LOS CLUBES NO PUEDEN PEDIR AYUDAS PÚBLICAS
En este sentido, Almunia ya se mostró contrario públicamente a que los clubes sean ‘rescatados' por el contribuyente "cuando afrontan dificultades económicas". Una situación en la que encajan los últimos años y movimientos de los clubes valencianos y las conocidas decisiones de la gobierno autonómico.
La posición de la Unión Europea casa a la perfección, además, con el plan de la UEFA en su particular comisión del Fair Play Financiero. Este equipo de trabajo del máximo organismo continental del fútbol ya ha excluido al Málaga CF por impagos o embargado ingresos (los pertenecientes a la Europa League) al Atlético de Madrid.
LA INVESTIGACIÓN, CLAVE PARA EL FUTURO A CORTO PLAZO DEL VCF
La realidad es que esta situación por la cual la Generalitat Valenciana está especialmente vigilada por la Comisión de la Competencia no parece que vaya a permitir a la Fundación VCF contar con el aval que le extendió el IVF. Dicho aval fue anulado por la vía de lo Contencioso Administrativo. La entidad citada que concedió el crédito ha interpuesto un recurso que, como ya publicó PlazaDeportiva.com, está convencida que sacará adelante.
Mientras tanto, la Generalitat divaga con la validez o no del aval. Pese a que José Císcar se ha mostrado públicamente durante las últimas semanas como "al avalista por imperativo legal" de ese crédito, ha reiterado que la Generalitat sólo se hará cargo de esta garantía si la juez que realizó la sentencia acaba aceptando el recurso de Bankia -o cualquiera posterior- y reconociendo la condición en firme del IVF como avalista.
Para la Fundación VCF, que es la que tiene que resolver la encrucijada económica en la que se encuentran este accionista mayoritario y el Valencia CF, esta ambigüedad por parte del Gobierno valenciano supone un muro en la mesa de negociación con Bankia. De esa renegociación de la deuda (200 millones del club y 81 millones del crédito) depende la viabilidad a corto plazo y la posibilidad de regenerar el club, pero la partida a cuatro bandas (Fundación VCF, Generalitat, Bankia y Unión Europea) impide una solución para el club de Mestalla.
Esta situación es todavía más paradójica si se tiene en cuenta que el patronato de la nueva Fundación VCF ha sido "propuesto" por la propia Generalitat, pero por el contexto social y la especial atención de la Unión Europea es posible que no puedan contar con la garantía para poder sentarse ante Bankia y renegociar las condiciones. El próximo 27 de agosto tendrán que abonar, si nada cambia, 4,8 millones de euros como los que ya abonó a principios del año 2013. Un pago sobre el que el vicepresident Císcar comentó: "ojalá no hubiéramos tenido que haberlo abonado".
Sea como fuere, si la Fundación VCF no consigue resolver la situación de su deuda y si el recurso de Bankia prospera tal y como confía esta entidad bancaria -eso sí, en un plazo de tiempo indeterminado-, la Generalitat Valenciana se hará cargo de un pago de 45,3 millones de euros el próximo año por la condición de avalista de la cual trata públicamente de desvincularse. Algo que José Císcar no ha querido ocultar en ningún acto público, toda vez que reitera su apoyo "en lo posible" a que el Valencia CF pueda corregir su grave situación financiera.
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