Las maniobras de Inversiones Dalport, al descubierto
Soriano y la empresa uruguaya pactaron como primera condición anular la ampliación de capital.
Ni Inversiones Dalport SA ni Vicente Soriano estaban interesados en que se completase la ampliación de capital del Valencia CF SAD. No mintieron, pero sí jugaron sus bazas y dejaron el Valencia al borde del precipicio en virtud de la defensa —legítima o no, moral o no— de sus derechos accionariales. No mintieron porque lo primero que hizo el empresario de Puçol fue anunciar que sus intenciones y las de Dalport eran «la paralización de la ampliación de capital y un estudio inmediato de las cuentas del club mediante la correspondiente auditoría», pero eso es tan cierto como que no se dijo toda la verdad. Para demostrarlo nada mejor que dar un simple vistazo a una copia de los documentos originales que firmaron Vicente Soriano y la sociedad Inversiones Dalport y a los que SUPERDEPORTE ha tenido acceso, papeles que desveló la semana pasada Julio Insa en su programa nocturno de Tele 8.No se dijo toda la verdad porque la piedra angular sobre la que se asentaba el acuerdo que convirtió a la empresa uruguaya en máxima accionista del Valencia fue, precisamente, la ampliación de capital. O mejor dicho, la anulación de la ampliación de capital, la misma que Vicente Soriano aprobó siendo todavía presidente del club. Una ampliación de capital a la que tanto Vicente Soriano como Juan Bautista Soler anunciaron que iban a acudir. Evidentemente, no fue así.Un pacto muy diferenteLo que se pactó fue muy diferente porque no sólo «ya no será necesario que los accionistas desembolsen 480 euros para mantener sus descuentos en los pases», como dijo Soriano en su ya famosa rueda de prensa en el Hotel Westin junto a Mestalla, sino que, si no se anulaba la ampliación de capital, el contrato por el que Inversiones Dalport debía pagar 200 millones de euros por el 50,3 del capital social del Valencia quedaba literalmente anulado. He ahí por tanto la respuesta a por qué ni uno —Soriano— ni otros —los uruguayos— contestaron jamás a la gran pregunta que desde todos los sectores del valencianismo se les formuló en repetidas ocasiones: Si la empresa Dalport ya posee el 50,3% del capital social del Valencia y por tanto es la dueña del Valencia, si está dispuesta a poner 300 millones de euros —o 500 o mil, que versiones hubo para todos los gustos— en el Valencia y convertirlo en el club más saneado de la liga, ¿por qué no ponen los 47 millones en la ampliación de capital y mantienen así su mayoría accionarial? Teniendo en cuenta, además, que esos 47 millones irían a parar a las arcas del propio Valencia, una empresa con un alarmante problema de liquidez.«El comprador, en acto inmediatamente posterior a la firma de este contrato, delegará en Don Vicente Soriano Serra los derechos políticos de todas las acciones de la sociedad que adquiere mediante el presente documento, exclusivamente a los efectos que a Don Vicente Soriano Serra proceda a adoptar y ejecutar cuantos actos y gestiones fueran necesarias en derecho para dejar sin efecto el acuerdo de ampliación de capital del VCF que fue adoptado en la última Junta de Accionistas de dicha sociedad de 7 de junio de 2009. Así, en caso de que dicha ampliación de capital no pudiera quedar sin efecto, y por tanto, el porcentaje de participación en el capital social del VCF SAD, que el comprador adquiere mediante la firma de este contrato, quedara diluído, el comprador estará facultado para resolver unilateralmente el presente contrato». Es el punto 3-2 del Anexo 4 del contrato que Dalport y Vicente Soriano firmaron el pasado cuatro de julio. Si hay ampliación de capital, el contrato se rompe. Así de claro.La confirmación de los hechosY por si alguien todavía tiene dudas, ahí va un estracto de la carta que Victor Vicente Bravo, presidente de Inversiones Dalport, envía a Vicente Soriano el pasado 29 de julio: «Quiero señalar que se están produciendo determinados hechos, no imputables a esta parte compradora —es decir, a Dalport—, como es el caso de la no paralización de la ampliación de capital de la sociedad de la que se ha tomado el 50,3% tal y como se pactó en el Anexo 4 del contrato privado de compra venta de acciones en su apartado 3.2. De la misma manera, se está impidiendo a la Compradora Inversiones Dalport SA, el poder analizar la administración del Club, y muy especialmente, su pasivo, tal y como se desprende del propio Anexo 4 antes mencionado». Eso sí, en el párrafo siguiente de esta misiva a Soriano, Bravo mantiene su intención no cumplida posteriormente de acudir a la ampliación: «Finalmente, advertir que de realizarse la ampliación de capital anunciada, a la que acudiremos, por un importe superior de 47 millones de euros, este hecho daría una dimensión totalmente diferente a la operación de compraventa pactada y suscrita».En otras palabras, Soriano y Dalport acuerdan entrar en el consejo con su mayoría accionarial y anular, con la ley en la mano, la ampliación de capital. En este sentido, cabe recordar que la primera frase de interés que pronunció Soriano en la rueda de prensa del Westin fue «ya no es necesaria la ampliación» y que aquello fue interpretado como un misil a la línea de flotación de la misma ampliación, que hasta aquel momento se presentaba como la vía de salvación más palpable y realista a la que se podían acoger el Valencia CF y sus aficionados. Entre otras cosas, aquella rueda de prensa provocó que el valencianista de a pie se planteara si debía o no debía invertir dinero en su club. Pasado el tiempo se ha visto la importancia que ha tenido que ese valencianista de a pie se volcara definitivamente en una ampliación de capital que se convertía en papel mojado si no se cubrían los 92 millones de euros en acciones que salieron a la venta. Obviamente, Soriano y Dalport no contaban con la oposición de Llorente y su nuevo consejo de administración. De hecho, el presidente valencianista, una vez ha pasado todo, asegura que se dio cuenta de que Dalport no tenía el dinero el mismo día de la rueda de prensa, porque si de verdad hubieran tenido el dinero lo habrían demostrado de una manera u otra. Convencido de ello, Manuel Llorente se hizo fuerte. La estrategia de Soriano y Dalport ya no era anular la ampliación de capital con la ley en la mano, ahora tocaba esperar el fracaso de la ampliación para hacer valer después su 50,3 dado que, como se demuestra en los documentos que hoy aporta este diario y como ha demostrado también el tiempo, no tenían ninguna intención de poner los 46 millones de euros que necesitaban para mantener su mayoría accionarial.Fueron los días en que Soriano en privado se refería a Llorente como ´el okupa´. Dalport y Vicente Soriano se sentían dueños legítimos del club, a pesar de que la estrategia de Llorente y la Fundación les habían descabalgado por completo. De ahí que en la Junta del pasado 14 de septiembre —en lo que se puede considerar el último coletazo de la estrategia de Inversiones Dalport para controlar el Valencia— el presidente de la empresa uruguaya hiciera especial hincapié en recalcar la ilegalidad que a su juicio había cometido el Valencia al contar con la Fundació para comprar las aciones y cubrir el capital que los pequeños —y grandes— accionistas no habían suscrito. Contrato roto y a juicioPero la jugada que ideó Llorente de comprar todas las acciones a través de un crédito concedido a la Fundació no supone el final definitivo de Dalport. De hecho, la empresa uruguaya ya solicitó unos documentos al Valencia para tratar de acudir a la justicia, cosa que de momento no ha hecho, pero sí puede hacer, porque a pesar de que Soriano y Dalport ya han roto su contrato tal como figura en el documento que tiene este periódico: «las partes acuerdan dejar sin efecto el Contrato suscrito el 4 de julio relativo a la compraventa de las acciones del Valencia CF SAD», en el punto 3 de ese mismo contrato de ruptura Dalport se reserva la posibilidad de impugnar a pesar de que legalmente ya no es la propietaria de las acciones del Valencia: «Y sin perjuicio de que se resuelva la actuación que en Derecho pueda plantear INVERSIONES DALPORT, SA ante los Órganos Jurisdiccionales para la impugnación del Acuerdo del Consejo de Administración del Valencia C de F, SAD de 28 de julio de 2009 y demás acuerdos de dicho Consejo o de la Junta relativos a la ejecución de la ampliación de capital de dicha entidad acordada en su Junta Extraordinaria de 6 de junio de 2009, e incluso en el caso de que INVERSIONES DALPORT, SA decidiera no ejercitar las acciones correspondientes para tales impugnaciones o de que habiendo ejercitado cualquiera de ellas, ésta no fuera estimada». Es decir, o pide una indemnización o pide la anulación de la ampliación de capital, porque la junta que ella requirió notarialmente y en virtud de su 50,3 se celebró después de la ampliación de capital.
