El banco subraya su indefensión y cuestiona la legitimación de los socios impulsores de la demanda que anuló el aval a la Fundación
antonio badillo | .-
valencia.
La primera de las fumatas que aguardan el Valencia y sus accidentales compañeros de viaje, Bankia y Consell, debe llegar a finales de año. Si es blanca, el TSJ anulará la ejecución provisional de la sentencia que invalidó el aval, la Generalitat volverá a ser garante del crédito a la Fundación, el banco refinanciará las deudas del club y su máximo accionista... y Salvo y Aurelio Martínez validarán su plan de salvación. Por el contrario, el humo negro anticiparía otro escenario, en el que la entidad financiera declararía agotada su paciencia y, entonces sí, activaría la venta del club.
Las cartas quedaron marcadas en el cónclave que el 9 de septiembre mantuvieron todas las partes en la Conselleria de Hacienda. Del careo surgió una suerte de pacto de no agresión a la espera de la primera de las dos resoluciones que tiene pendientes el TSJ. Al calor de los apretones de manos, en aquel momento se habló de tregua. Sin embargo, la analogía más razonable conduce a otro concepto bélico: la guerra fría.
Así cabe interpretar el último paso de Bankia en los tribunales. Apenas cuatro días después de aquella entente, el TSJ admitió a trámite el recurso de apelación del banco, algo que entraba dentro de la lógica. Sin embargo, desestimó el que era su gran objetivo: la declaración de nulidad del proceso que habría permitido partir de cero, pero ahora con Bankia en condiciones de defenderse. Ante esta resolución, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha remitido al TSJ un recurso de reposición en el que, además de afianzar sus argumentos, arremete de forma descarnada contra la Generalitat, a la que acusa de traición y deslealtad.
El documento refleja de un modo diáfano la distancia entre las partes, al manifestar que Bancaja fue víctima en su momento «de la actuación desleal del IVF, interesado en no comunicar y mantenerla ignorante de la existencia del pleito, en cuanto de ello se derivaría la posibilidad de beneficiarse» con la sentencia.
Y adjunta a su dura reflexión una advertencia con carga de profundidad, que acentúa la «situación de desconfianza» generada por el gobierno de Fabra: «El comportamiento desleal del IVF se mantiene en la actualidad y ello ha de producir efectos no sólo para Bankia, sino para la propia Generalitat». Nubarrones que se disiparían si el IVF otorgara «una nueva garantía sin mácula alguna».
Los abogados del banco recuerdan que la Comunitat «ha vivido una profundísima crisis financiera, hasta el punto de haberse encontrado con muy importantes retrasos de pagos a proveedores, degradación absoluta de la calificación de su deuda por las agencias de rating, drásticos recortes del gasto público y necesidad de asistencia financiera por parte del Estado». Todo ello justifica, a ojos del banco, la actitud del IVF, al que dedica una apostilla: «Que una Administración se oponga al recurso de un codemandado que defiende la legalidad de su actuación es algo realmente insólito».
El último roce ha sido un burofax firmado por el director general Enrique Montes, quien responde de forma lacónica a sendos escritos en los que Bankia reclama su dinero. «El aval ha sido declarado nulo y actualmente resulta imposible atender el requerimiento de pago», indicó Montes en un documento también remitido al juzgado.
Refriegas al margen, el recurso de reposición de Bankia descansa sobre dos pilares: recalcar que si no se personó en el proceso fue porque no sabía de su existencia, lo que le permite alegar indefensión, y exponer las presuntas irregularidades de los demandantes.
En el primer frente, el banco combate la tesis de que tenía conocimiento extraprocesal del recurso que desembocó en la anulación del aval. Recuerda para ello el «profundo y convulso proceso de reorganización» en que se hallaba inmersa Bancaja en la fecha en que se suscribió el crédito y lamenta que se le declare conocedor del proceso «por meras conjeturas», considerando como tales «la convocatoria de una rueda de prensa y distintos recortes de prensa en los que en ningún caso se habla del recurso contencioso-administrativo y sí de una demanda en un juzgado mercantil».
Aporta Bankia además dos argumentos que refuerzan la teoría de que nunca conoció el caso abierto y, por tanto, le fue imposible defenderse. La entidad financiera aceptó en noviembre de 2010 ampliar el crédito a la Fundación en otros seis millones, mientras que en agosto de 2012 no tomó medidas drásticas (cierre de la cuenta, declaración de vencimiento anticipado y ejecución del aval) cuando el máximo accionista se reveló incapaz de pagar los intereses. Nada de ello habría ocurrido, sostiene el banco, en caso de conocer la fragilidad del respaldo institucional.
La otra pata del recurso de reposición de Bankia incide en la existencia de cuestiones que sus servicios jurídicos consideran relevantes pero no han puesto en conocimiento de la juez precisamente por esa indefensión que denuncian. De hecho, hasta el 13 de septiembre no pudo el banco examinar el expediente administrativo y los autos.
Y es aquí donde la entidad financiera cuestiona la legitimación de los demandantes. Expone que no está acreditada la condición de accionistas de los socios defendidos por Pérez Vercher, ni tampoco que concurrieran a la primera fase de la ampliación de capital, la de suscripción preferente. De no ser así, habrían renunciado a sus derechos.
Fuera de plazo
Bankia también denuncia la extemporaneidad del recurso que dio pie a la nulidad del aval, presentado casi cinco meses después de que sus autores conocieran la decisión de la Fundación de asumir el 51% del capital. Sería otra supuesta causa de inadmisibilidad. Plantea asimismo que el expediente relativo a las actuaciones de la Comisión Europea está incompleto, que la forma en que se cerró la ampliación no fue discriminatoria y que, en caso de haber existido una ayuda del Estado, en ningún momento favoreció a Bankia, sino a la Fundación, que gracias al supuesto rigor del aval pudo negociar mejores condiciones. Por todo ello, el banco pide volver al punto de partida.
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