M. R. | VALENCIA..-
Que la Fundación del Valencia vive una situación de inestabilidad extrema es algo evidente. Mientras se libra una batalla por su nueva composición, hay otra judicial por dilucidar quién debe afrontar su deuda si finalmente no puede pagarla. Y esa guerra en los juzgados puede suponer incluso la disolución del patronato. Así lo indica un informe jurídico al que ha tenido acceso este periódico.
A raíz de la sentencia que anula el aval que concedió el IVF a la Fundación en 2009, en ese informe se recomienda al Protectorado de Fundaciones, dependiente de la Generalitat, la «liquidación y disolución» del patronato, «si no quieren los técnicos tener responsabilidad personal». El informe jurídico argumenta que es una «obligación» instar a la mencionada disolución en vista a la sentencia -ahora recurrida por Bankia-, los estatutos de la Fundación del Valencia y la ley de fundaciones.
Además, el texto entiende como «una temeridad que en pocos meses se volverá en contra» la postura de la Generalitat de no formular recurso a la sentencia por entender que le beneficiaba.
A expensas de lo que decida el TSJ tras el recurso de Bankia, según el citado informe se plantea ahora un dilema, tanto para la Generalitat como para el nuevo patronato de la Fundación.
En lo que respecta a la Generalitat, los juristas entienden que ha de estudiar la nulidad del aval en el expediente de solicitud aportó la Fundación en verano de 2009. Según el informe, la petición firmada por Társilo Piles recogía «acciones irregulares de poner en marcha», como la venta de acciones con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o entradas millonarias por publicidad o escuelas. Estas medidas, no realizadas por ser «inviables o ilegales» en algunos casos, deberían ser revisadas por el protectorado de fundaciones.
Así lo indica el informe, que recomienda instar a la «responsabilidad personal de los patronos que adoptaron los acuerdos». Cabe recordar que algunos de los integrantes del organismo antes del cese de Piles mostraron su preocupación al respecto, y se les aseguró que no debían temer por tener que responder con sus bienes.
El dictamen jurídico también concluye con un aviso al nuevo patronato: «Si no está dispuesto a vender el paquete -las acciones- deberá proponer su disolución». Así lo indica después de subrayar que un plan de viabilidad alternativo al presentado en su día no puede contemplar ingresos procedentes del Valencia porque «los consejeros del club cometerían inmediatamente un delito de asistencia financiera».
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