El juez alerta del ´riesgo de corrupción´ en reclasificaciones como la de Mestalla

El presidente del Valencia CF, Manuel Llorente, tiene motivos de sobra para estar preocupado por el recurso del grupo municipal socialista contra la modificación del PGOU que hizo posible la reclasificación de suelo que convirtió el Mestalla en una parcela con capacidad para construir 89.340 metros de techo residencial.
La llamada de socorro que el máximo mandatario del club le lanzó el viernes al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, durante la reunión que ambos mantuvieron en la sede socialista está más que justificada si se considera que, para la entidad valencianista, la operación urbanística vista para sentencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es cuestión de vida o muerte. Las pruebas practicadas en el procedimiento tampoco son un factor de tranquilidad si se considera que el ayuntamiento y la empresa pública Aumsa admitieron no haber contratado a los técnicos que, por 6,7 millones, fabricaron la modificación del PGOU, la Alternativa Técnica del programa, la propuesta jurídico-económica y el proyecto de urbanización cuando en teoría se trata de un PAI para desarrollarlo en gestión directa municipal. La ejecutoria del magistrado ponente en la sentencia sobre este recurso tampoco les invita a ser optimistas. El juez Carlos Altarriba, uno de los cinco integrantes de la sala que ha de sentenciar sobre el Mestalla, será el encargado de redactar la propuesta de sentencia. Se ha opuesto hace unos días a la operación de Tabacalera y, en diciembre de 2008, se mostró contrario al cambio de planeamiento del solar de Corts Valencianes para que se pudiera levantar el nuevo campo.
¿Qué piensa Altarriba sobre los cambios de uso del suelo por la vía de los convenios urbanísticos, como el firmado por el ayuntamiento y el Valencia CF el 28 de diciembre de 2004, que dio pie a la reordenación urbanística del actual estadio "Los convenios urbanísticos que determinan la planificación han sido vistos siempre con recelo por el grave riesgo de corrupción administrativa y política, en la medida en que a través de estas técnicas se preparan reclasificaciones y recalificaciones de suelo". Son palabras de este magistrado en el voto particular que ha emitido para desmarcarse de la sentencia del TSJ que acaba de tumbar el recurso de Salvem Tabacalera contra la reclasificación de la parcela de ese complejo que convirtió el uso industrial en 32.000 metros de residencial, administrativo y asistencial. La sala que decidirá colegiadamente sobre el Valencia CF ha avalado el cambio en el PGOU, el convenio previo y la permuta del ayuntamiento con la Inmobiliaria Guadalmedina, del Grupo Ballester. Esa es una magnífica noticia para Llorente, pero su problema es que el duro voto discrepante lo formula precisamente quien ha de ser el ponente de la sentencia de Mestalla. Al magistrado que redacta la propuesta a quien corresponde convencer en las deliberaciones al resto de la sala sobre su criterio. Si el parecer mayoritario es contrario a la ponencia y no hay forma de tender puentes, entonces ha de cambiarse al ponente. Nunca puede dictarse sentencia en contra de las posiciones de quien elabora la propuesta.
En sus objeciones al veredicto mayoritario a propósito de Tabacalera, Altarriba sostiene que se ha "vulnerado la legislación urbanística al aumentar la edificabilidad media y la densidad global" en comparación con el entorno. Lo mismo que sucedió en el PAI de Mestalla, donde se aplicó un coeficiente del 1,79, esto es, esos metros de techo por cada uno de suelo.

http://www.levante-emv.com/deportes/2010/06/07/juez-alerta-riesgo-corrupcion-reclasificaciones-mestalla/712277.html