Los dos accionistas piden la suspensión del auto del TSJ

Los dos denunciantes apuntan a que el IVF habría incurrido en un delito de "prevaricación y malversación" al no haber entregado a Bankia las acciones

V. CHILET 

Los dos accionistas demandantes que tumbaron el aval del préstamo de la Fundación han pedido la suspensión cautelar del auto del TSJCV por el cual se restituía la garantía de la Generalitat. Además, apuntan a que el Instituto de Finanzas habría incurrido en un «delito de prevaricación y malversación de caudales públicos». En un escrito al IVF al que ha tenido acceso Levante-EMV, los dos accionistas anuncian la formulación de un incidente de nulidad y entiende que la resolución emitida el pasado viernes por el TSJCV va en contra de la defensa del interés público. Por otro lado, reiteran su petición, desatendida en mayo de este año, de que les dieran traslado de las actuaciones emprendidas contra el impago de la Fundación del Valencia de las cantidades abonadas por el IVF en el mes de febrero a Bankia para cubrir las garantías que como avalista le comprometían por más de 4’8 millones.

En este sentido, los dos demandantes reiteran que el IVF, tras el impago de la Fundación, tendría que haber puesto a disposición de Bankia las acciones en prenda, y no haber incurrido «en la ayuda pública ilegal» de pagar los 4’8 millones de euros. Ese pago habría contravenido «el deber de vigilancia y custodia del interés público y de los fondos de la administración» que le corresponde al IVF como entidad pública. El equipo jurídico de los dos accionistas entiende que esta actuación describe presuntamente «los tipos delictivos de la prevaricación» así como «la malversación de caudales públicos». El comportamiento, según estas fuentes, se agravaría en el caso de que el IVF decidiera abonar «la totalidad o parte de la responsabilidad avalada en efectivo metálico de las cantidades pendientes de pago del referido crédito hasta más de 80 millones de euros».

Además, en su escrito al IVF, instan a «depurar en su caso las irregularidades y responsabilidades denunciadas», exigiendo «el listado de funcionarios y personal de cualquier categoría que haya intervenido en el expediente a los efectos de la oportuna derivación de responsabilidad».

Bruselas sigue investigando las ayudas de la Generalitat
La encrucijada en la que se hallan Bankia y la Generalitat por la validez del aval del IVF no se circunscribe solo al ámbito judicial. Bruselas lleva meses recabando información sobre las ayudas públicas a los clubes de fútbol en toda Europa, pero con especial acento sobre Hércules, Valencia y Elche. Esa es otra vía, aún abierta, que podría acabar por complicar el futuro de la entidad de Mestalla. De ahí la urgencia por encontrar, cuanto antes una solución. La Unión Europea investiga una posible ruptura del mercado de libre competencia, al conceder avales a sociedades privadas. El vicepresidente y comisario europeo de la competencia, Joaquín Almunia, ya se mostró contrario públicamente a que los clubes sean «rescatados» por el contribuyente «cuando afrontan dificultades económicas».

Además, existe otra vía judicial no menor, la que Andrés Sanchis mantiene contra Manuel Llorente, José Luis Olivas, Javier Gómez y Társilo Piles. A los tres exdirectivos del Valencia y al que fue presidente de Bancaja se les responsabiliza de un «presunto delito de estafa, falsedad en documento público, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas y malversación de caudales públicos». Todo ello en el marco de la ampliación de capital de 2009, para la cual Fundación solicitó el crédito objeto de polémica.

http://www.levante-emv.com/deportes/2013/11/20/accionistas-piden-suspension-auto-tsj/1052909.html