La GV pide que el banco no se persone en la causa que anuló su condición de garante de la Fundación
J. M. BORT | VALENCIA
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) le ha dado un nuevo giro a la rocambolesca situación del aval de la Generalitat Valenciana sobre el préstamo que en su día permitió a la Fundación Valencia CF convertirse en propietaria del club de Mestalla. La administración, dependiente de la Consellería de Economía, ha presentado un escrito ante la jueza que instruye el caso para pedir que Bankia no se persone en la causa, después de que el banco presentara en su día un recurso para pedir su voz y voto en este asunto. Están en juego nada menos que 75 millones (81 añadiendo los intereses de este año) de euros, que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri quiere cobrar bajo cualquier pretexto.
El escenario que se abre rompe los planes del patronato que preside Aurelio Martínez, reestructurado desde los despachos del Consell el pasado mes de abril. Un grupo rediseñado, precisamente, para salvar la situación financiera del Valencia, que pasa por el pago de los préstamos de la Fundación (máximo accionista del club con el 74 por ciento de los títulos) y del club (219 millones de euros), el primero obtenido gracias al aval del gobierno autonómico que entonces presidía Francisco Camps, y concedido por la extinta Bancaja (ahora asumida por Bankia) que dirigía José Luis Olivas.
Una sentencia, dictada por la jueza Laura Alabau, anuló hace dos meses la condición de avalista de la Generalitat Valenciana sobre el crédito de la Fundación, gracias al cual asumió la mayor parte de la ampliación de capital que el Valencia realizó en 2009. La magistrada consideró en la causa que el aval no cumple los requisitos legales, tal como reclamó Ausbanc (en representación de dos accionistas del club) en 2009. Aquella sentencia demostraba que "la normativa prohibe la concesión de avales gratuitos, como es el concedido por el Consell en este caso, así como que la administración autonómica prescindió de cualquier tipo de normativa europea o autonómica",explicó el abogado de la parte querellante, José Antonio Pérez Vercher.
La sentencia llegó después de que el Consell se viera obligado a asumir el control accionarial del Valencia, una vez la Fundación no pudo hacer frente al último pago de los intereses (4,8 millones), cantidad que terminó pagando la Generalitat. El dictamen judicial varió el panorama en febrero pasado. El Consell decidió reorganizar el patronato del Valencia para que se autofinanciara. Además de buscar fórmulas para hacer frente a sus obligaciones, instó a la Fundación a que devolviera en los meses siguientes los 4,8 millones pagados a Bankia de las arcas públicas.
La sentencia que dejó el aval sin ningún valor obligó a Bankia, principal perjudicada por esta decisión, a mover ficha. Presentó un recurso de apelación para personarse en la causa. Desde el Consell, su vicepresidente, José Císcar, insistió entonces en que la Generalitat no recurriría la sentencia. Era la respuesta lógica. Pese a ser la parte "perdedora", en realidad era la gran beneficiada. Perder la condición de garante le excluía de la responsabilidad de respaldar un crédito millonario generado por un club de fútbol. Desde la Fundación, el discurso era el contrario. Aurelio Martínez ha insistido, desde su aterrizaje en el órgano rector del grupo que gestiona los números del Valencia, la necesidad de recuperar el aval de la Generalitat para poder renegociar las deudas con Bankia.
La decisión del IVF de pedir a la juez que el banco no se persone en la causa ha despejado las posibles dudas en torno a la voluntad del gobierno autonómico en este tema. No quiere recuperar su condición de avalista y para asegurarse es necesario que Bankia se quede fuera del círculo.
Ausbanc alega contra Bankia
Mientras, los accionistas que iniciaron este proceso tampoco están dispuestos a ceder terreno. El abogado que los representa, José Antonio Pérez Vercher, insiste ante el juzgado que Bankia se quede fuera de este asunto. Que acate la decisión del juez y no intente intervenir. El grupo Ausbanc presentó una alegación contra el recurso del banco, porque considera que los dos únicos actores que intervienen son la Fundación y el IVF. Con la demanda, denunciaban que el patronato se viera beneficiado por una ayuda pública "obtenida de forma ilegal" para comprar las acciones, y no los potenciales adquirentes de los títulos, que eran los aficionados. Bankia, mientras, consideraba en su recurso que el aval no puede ser considerado una "ayuda pública".
Mientras, los accionistas que iniciaron este proceso tampoco están dispuestos a ceder terreno. El abogado que los representa, José Antonio Pérez Vercher, insiste ante el juzgado que Bankia se quede fuera de este asunto. Que acate la decisión del juez y no intente intervenir. El grupo Ausbanc presentó una alegación contra el recurso del banco, porque considera que los dos únicos actores que intervienen son la Fundación y el IVF. Con la demanda, denunciaban que el patronato se viera beneficiado por una ayuda pública "obtenida de forma ilegal" para comprar las acciones, y no los potenciales adquirentes de los títulos, que eran los aficionados. Bankia, mientras, consideraba en su recurso que el aval no puede ser considerado una "ayuda pública".
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