El Ayuntamiento continúa a la espera de que el club llegue a un acuerdo con los bancos y se comprometa a trasladarse al municipio
valencia. El alcalde de Ribarroja sigue a la espera de una llamada de Amadeo Salvo. Mientras tanto, Porchinos sigue aparcado, como en los últimos años: es un paraje agrícola con cada vez menos cultivados y, como mucho, un arma para las batallas de política municipal. Porque el asunto Porchinos, como mucho, saldrá en el pleno ordinario de octubre a la luz si la oposición formula alguna cuestión en el apartado de ruegos y preguntas.
Eso salvo giro inesperado. Ayer se celebraron las comisiones de gobierno previas al pleno, y en ninguna se abordó el asunto de Porchinos. Además, fuentes municipales confirmaron que en el orden del día, que aún no se había hecho público, no se tratará ningún asunto relacionado con el paraje donde se planeó la futura ciudad deportiva.
La última sesión, la de septiembre, fue movida. En ella, el alcalde de Ribarroja, Francisco Tarazona, apuntó que tenía dudas de que Peter Lim acabase firmando la compra del Valencia. Esto motivó que, al día siguiente, el presidente Amadeo Salvo contactara con el primer edil. En aquella conversación le transmitió tranquilidad y se comprometió a que la ciudad deportiva vaya a Porchinos. Es más, apuntó si el Supremo declarase definitivamente ilegal el PAI actual, se impulsará uno nuevo.
Tarazona siempre se ha mostrado partidario de que el Valencia desembarque en su municipio, pero en todo este proceso ha apostado por la cautela. La solución a la contingencia Porchinos -valorada por los abogados de Meriton en 101 millones en el caso de que el Supremo rechace el PAI- pasa por paralizar el plan durante dos años, algo que ha de aprobarse por pleno.
Mientras tanto, se aguardaría a una sentencia del Supremo, que ha de pronunciarse sobre si mantiene la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de anular el plan urbanístico o falla en sentido contrario. Tarazona afirma que puede acreditar que hay agua suficiente para llevar a cabo el PAI y que es posible que el Alto Tribunal opte por pedir que se solventen esta y otras deficiencias en lugar de anularlo.
La contingencia Porchinos, según el informe de PwC sobre el que los patronos votaron la venta condicionada, debía resolverse entre 8 y el 31 de agosto. Mientras el Valencia no comunique al Ayuntamiento que ha llegado a un acuerdo con los bancos dueños de los terrenos y que acepta el convenio que le remitió a mediados de julio, el pleno no debatirá la paralización del PAI.
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