Manuel Llorente, José Luis Olivas, Társilo Piles y Javier Gómez son citados a declarar el día 20 de enero como imputados
J. M. BORT VALENCIA
El juez que investiga un supuesto "delito societario" en la ampliación de capital del Valencia de 2009 ha dado un plazo de cinco días al Valencia CF para que le entrega sus cuentas. En concreto, la "due diligence" que la empresa KPMG elaboró para el club el pasado verano por orden de sus nuevos gestores, Aurelio Martínez -desde la Fundación- y Amadeo Salvo como presidente de la entidad. Tal como adelantó Levante-EMV el pasado 13 de noviembre, la Audiencia Provincial encargó al juez que continuara con la causa que se abrió en su día por una querella del abogado valenciano Andrés Sanchis. El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia no solo ha pedido la auditoría externa. Ya ha citado a los cuatro imputados por aquella maniobra que terminó con la mayoría accionarial del Valencia en manos de la Fundación.
El expresidente del Valencia, Manuel Llorente; el exdirigente del patronato y exconsejero del club, Társilo Piles; el expresidente de la extinta Bancaja, José Luis Olivas y el exvicepresidente y exresponsable financiero de la entidad, Javier Gómez, están citados para ir a declarar el próximo 20 de enero. Ambos ya fueron llamados en su día, antes de que el juez que lleva el caso archivara la causa, que después fue recuperada por la Audiencia Provincial de Valencia.
Antes, el juez Francisco Silla quiere tener en su mano la "due diligence", un informe muy reciente que elaboró KPMG durante el verano pasado y en el que están reflejadas las cuentas del Valencia. Así lo pidió Sanchis en su día, al considerar que se trata de un documento muy relevante para la investigación de la ampliación de capital. Los querellantes pidieron también al juez que se adjuntara un informe universitario, firmado por el catedrático de Economía Rafael Molina, que pone en evidencia la gestión del Valencia durante los últimos años. Un dosier que pone de manifiesto una grave irregularidad, como el "maquillaje" financiero que realizó el club con la supuesta venta ficticia de una parcela de Mestalla a la desaparecida empresa Urbanas de Levante, S. A., que era propiedad del expropietario y expresidente del club Juan Soler.
La Audiencia Provincial recordó el pasado día 11 que el dinero obtenido por aquella ampliación de capital (92,4 millones de euros) no fue utilizado para regularizar la situación económica del Valencia y que, como consecuencia, la masa social resultó engañada. El escrito recuerda cómo los querellantes inciden en que se ha producido "un grave perjuicio económico para el Valencia y sus socios".
La causa había sido reactivada el pasado mes de octubre por el fiscal, al pedir por iniciativa propia al juez que reclamara al Valencia la "due diligence" realizada el pasado verano. Esta auditoría debía ser, por tanto, adjuntada a la demanda y en ella el juez podría ver si hay supuesto delito en la recompra de la parcela de Mestalla al expresidente Juan Soler. Ha llegado el momento en el que el juez ha reclamado el informe que elaboró KPMG.
El juzgado debe analizar ahora a qué se ha destinado los 75 millones de euros del préstamo que la Fundación pidió en su día a Bankia. "Es una muy relevante cantidad de dinero, sin que la fundación tenga capacidad económica para devolverla". "Para esto habrá que analizar qué se ha hecho con esa cantidad, (...) y además los dirigentes del Valencia CF y de la Fundación VCF habrán de explicar con el suficiente detalle a qué finalidades se destinó el préstamo mencionado, de tal manera que con tales explicaciones disipen cualquier duda sobre la causación de algún perjuicio económicamente evaluable causado a los socios", prosigue el escrito de la Audiencia Provincial.
El expresidente del Valencia, Manuel Llorente; el exdirigente del patronato y exconsejero del club, Társilo Piles; el expresidente de la extinta Bancaja, José Luis Olivas y el exvicepresidente y exresponsable financiero de la entidad, Javier Gómez, están citados para ir a declarar el próximo 20 de enero. Ambos ya fueron llamados en su día, antes de que el juez que lleva el caso archivara la causa, que después fue recuperada por la Audiencia Provincial de Valencia.
Antes, el juez Francisco Silla quiere tener en su mano la "due diligence", un informe muy reciente que elaboró KPMG durante el verano pasado y en el que están reflejadas las cuentas del Valencia. Así lo pidió Sanchis en su día, al considerar que se trata de un documento muy relevante para la investigación de la ampliación de capital. Los querellantes pidieron también al juez que se adjuntara un informe universitario, firmado por el catedrático de Economía Rafael Molina, que pone en evidencia la gestión del Valencia durante los últimos años. Un dosier que pone de manifiesto una grave irregularidad, como el "maquillaje" financiero que realizó el club con la supuesta venta ficticia de una parcela de Mestalla a la desaparecida empresa Urbanas de Levante, S. A., que era propiedad del expropietario y expresidente del club Juan Soler.
La Audiencia Provincial recordó el pasado día 11 que el dinero obtenido por aquella ampliación de capital (92,4 millones de euros) no fue utilizado para regularizar la situación económica del Valencia y que, como consecuencia, la masa social resultó engañada. El escrito recuerda cómo los querellantes inciden en que se ha producido "un grave perjuicio económico para el Valencia y sus socios".
La causa había sido reactivada el pasado mes de octubre por el fiscal, al pedir por iniciativa propia al juez que reclamara al Valencia la "due diligence" realizada el pasado verano. Esta auditoría debía ser, por tanto, adjuntada a la demanda y en ella el juez podría ver si hay supuesto delito en la recompra de la parcela de Mestalla al expresidente Juan Soler. Ha llegado el momento en el que el juez ha reclamado el informe que elaboró KPMG.
El juzgado debe analizar ahora a qué se ha destinado los 75 millones de euros del préstamo que la Fundación pidió en su día a Bankia. "Es una muy relevante cantidad de dinero, sin que la fundación tenga capacidad económica para devolverla". "Para esto habrá que analizar qué se ha hecho con esa cantidad, (...) y además los dirigentes del Valencia CF y de la Fundación VCF habrán de explicar con el suficiente detalle a qué finalidades se destinó el préstamo mencionado, de tal manera que con tales explicaciones disipen cualquier duda sobre la causación de algún perjuicio económicamente evaluable causado a los socios", prosigue el escrito de la Audiencia Provincial.
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