La asociación que los representa impugnan el recurso del banco y le acusan de ocultar información
J. M. BORT VALENCIA
Los dos accionistas del Valencia que denunciaron con éxito el aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) sobre el préstamo de la Fundación (75 millones de euros en un inicio) han dado un paso más. Estos dos socios del club, a los que representa la empresa Ausbanc, han pedido a la jueza, mediante un escrito, que Bankia no sea parte de la causa que hay abierta contra el IVF por aquel aval, anulado por una ejecución provisional de la sentencia y que ahora se encuentra en manos del TSJ de la Comunitat Valenciana. Esta institución aceptó el recurso del banco -que absorbió en su día a Bancaja, dadora de aquel crédito-. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri es, de hecho, la principal perjudicada por la anulación de aquel aval. Ante la incapacidad de la Fundación del Valencia CF para pagar el préstamo, con el que se convirtió en propietario del club tras la ampliación de capital de 2009, se quedó sin garantía de pago por parte del Consell, cuya situación es paradójica. Pese a ser la parte perdedora de la sentencia. También es la beneficiada. Hasta que el TSJCV diga lo contrario, el gobierno autonómico se libra de pagar a Bankia por ese crédito impagado. Antes de noviembre se espera que el aval vuelva a manos del Consell.
Tras no ser llamada para la causa, Bankia recurrió para formar parte de la misma. La petición fue admitida. Ahora Ausbanc ha pedido, mediante un escrito que ha adjuntado a la querella, que el banco no participe en la acción por "no haber sido llamada en su momento a la causa como demandada" y añade, con letras mayúsculas, que "es altamente improbable que Bankia recupere el aval del IVF". .
El documento elaborado por el abogado de los dos accionistas, José Antonio Pérez Vercher, incide en la supuesta limitación del aval a la ejecución en prenda de las acciones. "En 8 de febrero de 2010, comunicó (el banco) en documento público y oficial a la Fundación que limitaba el riesgo de la operación únicamente la ejecución de las garantías prendarias sobre las acciones del Valencia CF SAD", asegura. Y añade: "Impidiendo la ejecución de cualquiera de otros bienes de la Fundación VCF y por extensión limitando la responsabilidad del avalista IVF". "El único interés de Bankia en esa causa es no ser ejecutante de la prenda de las acciones y pretende trasladar el 'entuerto" al IVF. Y eso, debería habérselo planteado al momento de la concesión del crédito para la compra de las acciones", añade.
Desde Bankia, ya aseguraron a este periódico que no existen limitaciones al aval y que, por tanto, el gobierno autonómico debería responder con los 85 millones de euros, cantidad la que asciende ahora el crédito.
Tras no ser llamada para la causa, Bankia recurrió para formar parte de la misma. La petición fue admitida. Ahora Ausbanc ha pedido, mediante un escrito que ha adjuntado a la querella, que el banco no participe en la acción por "no haber sido llamada en su momento a la causa como demandada" y añade, con letras mayúsculas, que "es altamente improbable que Bankia recupere el aval del IVF". .
El documento elaborado por el abogado de los dos accionistas, José Antonio Pérez Vercher, incide en la supuesta limitación del aval a la ejecución en prenda de las acciones. "En 8 de febrero de 2010, comunicó (el banco) en documento público y oficial a la Fundación que limitaba el riesgo de la operación únicamente la ejecución de las garantías prendarias sobre las acciones del Valencia CF SAD", asegura. Y añade: "Impidiendo la ejecución de cualquiera de otros bienes de la Fundación VCF y por extensión limitando la responsabilidad del avalista IVF". "El único interés de Bankia en esa causa es no ser ejecutante de la prenda de las acciones y pretende trasladar el 'entuerto" al IVF. Y eso, debería habérselo planteado al momento de la concesión del crédito para la compra de las acciones", añade.
Desde Bankia, ya aseguraron a este periódico que no existen limitaciones al aval y que, por tanto, el gobierno autonómico debería responder con los 85 millones de euros, cantidad la que asciende ahora el crédito.
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