Los recursos de Bankia, del Consell y de los demandantes siguen su curso y deberá decidir el Tribunal Superior si hubo indefensión del banco
C. V. | VALENCIA..-
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Quedan dos meses hasta que suene la campana. El 27 de agosto acaba el plazo para que la Fundación del Valencia, o el Consell a través del IVF, o un jeque o alguien pague a Bankia esos 4,8 millones de euros correspondientes a los intereses del préstamo de 81 millones de este año. Hasta ese día, la atención de todos está puesta en los juzgados, tanto en el Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia como en el Tribunal Superior de Justicia.
Allí se está cociendo el destino del aval concedido en 2009 y que tiene a todos en guardia. De momento, el primer paso se puede producir dentro de unos pocos días. En el juzgado número 3 está previsto que se resuelva la petición de los demandantes (dos socios del club) para que se ejecute provisionalmente la sentencia que anula el aval del IVF. La jueza ha dado un plazo de cinco días a las partes para que formulen alegaciones a esa petición y, una vez cumplido este trámite, resolverá.
¿Qué pasará si se ejecuta provisionalmente la sentencia? En ese momento y hasta el pronunciamiento posterior del TSJ, el aval del IVF dejaría de existir y Bankia sería dueña 'de facto' del Valencia. Al fin y al cabo, eso fue lo que dictaminó la jueza el pasado mes de marzo. Al desaparecer de la escena el respaldo económico institucional, Bankia se queda en una situación comprometida. Es lo que no quiere el banco y una de las claves en todas las negociaciones que desde la Fundación y el club se ha hecho con los responsables de Bankia para ver cómo resuelven los créditos pendientes.
En el organismo que preside Aurelio Martínez hay bastante calma ante esa posibilidad de la ejecución provisional. Las acciones, ese casi millón y medio de títulos, siguen en la caja fuerte de la Fundación. Al desaparecer el aval, la única garantía que le quedaría en estos momentos a Bankia son las acciones del Valencia. Pero como por ahora todos los pagos de los intereses están al corriente, los títulos permanecerán en poder de la Fundación.
Tiempo a la espera del TSJ
Hasta ese 27 de agosto lógicamente. Al fallar en el pago, porque en esa fecha resulta imposible que haya dinero suficiente en la Fundación, las acciones pasarían a poder de Bankia, una situación que desde el banco se quiere evitar a toda costa. Cabe la opción también de que el banco, ante lo que se ve venir, pudiera establecer un nuevo margen de maniobra. Es lo que pretende el Valencia. Demostrar que es capaz de generar ingresos para su Fundación y ganar así tiempo hasta ver cómo transcurre la vía abierta a través del Tribunal Superior de Justicia.
Precisamente la jueza de lo Contencioso ha dado trámite al TSJ de los recursos presentados contra la sentencia que anulaba el aval, una cuestión más formal que otra cosa y de la que pocas conclusiones jugosas se puede extraer.
Recurso: un plazo de 30 días
Las partes tienen ahora treinta días para personarse en el procedimiento ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV. En realidad todas las partes ya han movido ficha. El Consell y los demandantes han expuesto las diferentes razones para defender sus posturas (coincidentes pese a ser contrarios en la causa) y sobre todo Bankia, que considera que al tenerla apartada del proceso se ha sentido gravemente perjudicada.
Desde la Generalitat se solicitó al juzgado la «inadmisión» del recurso de apelación presentado por el banco al argumentar, en su opinión, que «nunca puede verse afectada directamente por la decisión judicial al no desarrollar en este caso una actividad ligada a este tipo de intercambios comerciales». Es más, los servicios jurídicos del Consell apuntaron en su escrito que Bankia «nunca tuvo la consideración de parte en el proceso», pudiendo además «haberse personado pero no lo hizo en ningún momento».
En el recurso de Bankia se va lógicamente contra los argumentos del Consell calificando de «ayuda de Estado el aval del IVF». En concreto, especifica de «una ayuda estatal ilegal por haberse concedido en contra del mercado común», por lo que resulta «incuestionable su legitimación en ese recurso». Bankia defiende que no es lo mismo el respaldo de una administración pública que quedarse como prenda unas acciones cuyo «valor es difícilmente determinable».
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