El presidente de la Fundació anuncia que la refinanciación de la deuda con Bankia «está muy avanzada»
J. M. B.
El futuro del Valencia CF pasa por Bankia y la Generalitat Valenciana. Aurelio Martínez aprovecha la mínima ocasión para incidir en ello y ayer no fue una excepción. El presidente de la Fundació VCF aseguró que las negociaciones con la entidad bancaria , que lleva a medias con Antonio Paños „ exdirector del Departamento de Riesgos de Bancaja„, están muy avanzadas. Pero la refinanciación de la deuda del club (219 millones), y la de la Fundación (81 millones), pasa inexorablemente porque el Consell asuma el aval bancario del que le eximió una sentencia judicial aunque el recurso de Bankia para personarse en la causa volvió a convertirlo técnicamente en avalista.
Sabedor de que el tiempo en los tribunales, donde se dirime la propiedad del aval, puede demorarse, ayer pidió a todas las partes implicadas que la situación «se resuelva lo antes posible, porque las necesidades del Valencia son urgentes». Acto seguido, sin embargo, apostilló: «Bankia cree que se solucionará pronto la cuestión del aval». «Me gustaría que esa parte dse solucioanra, que haya pronto una sentencia porque esa parte es fundamental
«Meterme en la piel de un juez no debe hacerlo ni otro juez pero creo que el aval lo acabará asumiendo la Generalitat, aunque entiendo su postura pero necesitamos ese aval para refinanciar el préstamo. No creo que eso tarde muchas semanas», explicaba Aurelio. Como se recordará, los demandantes solicitaron la ejecución de la sentencia y recurrieron el recurso de Bankia, que fue desestimado. Ahora las partes tienen quince dias para formarlizar su oposición, aunque cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días. En cualquier caso, será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana quien tenga la última palabra en la asunción del aval. A la historia, sin embargo, se ha añadido la Comisión Europea, que ahora investiga los avales concedidos en su día por la Generalitat, entre ellos el del Elche, que ha costado a las arcas públicas valencianas nueve millones de euros.
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