PD. HOY Argumentan que se podría disolver la fundación, que las acciones fueran a parar al VCF y de esa manera negociar una operación única con Bankia
VALENCIA.
Los querellantes en la causa contra la ampliación de capital que el Valencia CF realizó en 2009 y que fue suscrita fundamentalmente por la Fundación Valencia CF opinan que existe la posibilidad de que esta fundación sea liquidada y disuelta.
Así lo señaló a Efe el abogado Andrés Sanchis, portavoz de estos querellantes, tras las informaciones difundidas sobre los posibles futuros integrantes de esta fundación, que "tienen un perfil técnico y legal muy definido" y que podrían tener entre sus cometidos el de estudiar o gestionar esa liquidación.
"Por una parte podrían estudiar la venta del 72 por ciento de las acciones del club que están en manos de la Fundación y por otra, una disolución que se puede basar legalmente en la imposibilidad de poder cumplir con sus objetivos como entidad", explicó.
"En ese posible proceso de disolución, sus acciones podrían llegar al Valencia CF y el club podría plantear una operación única con Bankiapara refinanciar las deudas que actualmente tienen con esta entidad por una parte el club y por otra la Fundación", agregó.
Los querellantes plantearon una causa penal contra el presidente del Valencia, Manuel Llorente, el expresidente de la Fundación Valencia CF Társilo Piles, el exvicepresidente del Valencia CF Javier Gómez y el expresidente de Bancaja, actualmente integrada en Bankia, José Luis Olivas, quienes declararán el día 22 de abril.
La ampliación de capital del Valencia CF se produjo en verano de 2009 por un total de noventa millones de euros y la Fundación se convirtió en accionista mayoritario del Valencia, al adquirir títulos por un importe de 72 millones.
Lo hizo gracias a un préstamo concedido por Bancaja y avalado por la Generalitat, aval que ha permanecido en vigor hasta hace dos semanas, cuando un juez lo anuló.
José Luis Olivas ha presentado un recurso en la querella en el que indica que no tenía en Bancaja habilitación legal para conceder o denegar préstamos.
Sanchis considera que aquella fue una "operación relámpago", que se gestó en muy pocas horas y al más alto nivel, por lo que considera que Olivas no debe trasladar su responsabilidad a otras instancias de la entidad.
También se refirió al trabajo que ahora realizan peritos universitarios y especialistas en este proceso, quienes le han comunicado que, aunque es posible que la ampliación de capital fuera necesaria, en ningún caso lo era la venta de todos los títulos.
"Da la sensación de que la opción de completar la ampliación fue consecuencia de la voluntad de que la mayoría del capital social del club quedara en determinados manos", explicó Sanchis.
Los accionistas invirtieron dieciocho millones de euros en la primera fase de la ampliación de capital y, según Sanchis, con una cantidadmuy inferior a los 72 millones restantes, "quizá con veinte o treinta millones más", se habría logrado el objetivo de la ampliación.
La iniciativa de estos querellantes cuenta con el respaldo de aproximadamente un centenar de pequeños accionistas del club, lo que no supone, señaló Sanchis, el apoyo de un elevado número de acciones, ya que "los máximos accionistas de la entidad están próximos al actual poder en el Valencia".
Sobre el futuro de la Fundación, dijo que le llamaba la atención que no se haya abordado la opción de vender títulos para al menos paliar el problema existente, que al resto de los accionistas no se les informe en una junta general del desarrollo del proceso y la intervención de la Generalitat a pesar de haberse salido del problema tras la anulación del a
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