Llorente consigue que el juzgado retome la causa después de que fuera archivada y entre los testigos llamados a declarar está Fernando
C. V. | VALENCIA..-
Manuel Llorente se ha salido con la suya. El presidente del Valencia ha conseguido que la Audiencia Provincial ordene al juzgado número 1 de Picassent que reabra sus investigaciones para encontrar al autor o autores de aquel informe anónimo de dos páginas que resultó ser falso y que acusaba a Llorente de un presunto delito fiscal. En su día, este juzgado consideró que, a partir de todos los datos aportados, era imposible establecer la autoría del supuesto informe y acabó archivando la petición de los abogados de Llorente, que querían perseguir a quienes habían redactado la denuncia fraudulenta.
Ahora la Audiencia ha devuelto este caso al mismo juzgado, que se ha puesto manos a la obra. Así, y después de que el despacho de Garrigues -que es quien defiende a Llorente- aportara una serie de documentos y grabaciones, se ha decidido citar a declarar en calidad de testigo a Fernando Gómez y también a dos periodistas valencianos, en relación a los conocimientos y comentarios que pudieron tener y hacer unos y otros, dando a entender que podrían conocer el origen del documento presentado.
La presencia de Fernando para dar su versión alimenta la particular guerra que mantiene con Llorente. De hecho, al margen de ser destituido como director deportivo -luego el exjugador valencianistas renunciaría a su cargo de consejero-, Fernando es el único candidato a la presidencia que ha dado un paso al frente y ha dicho que quiere acceder al cargo que todavía desempeña Llorente. El propio dirigente está también citado a declarar, aunque en su caso para defenderse.
Fuentes jurídicas confirmaron ayer a LAS PROVINCIAS que si el fallo considera que se ha producido un delito grave, el autor de la denuncia anónima tendrá que asumir un castigo de prisión de seis meses a dos años, además de una multa de 12 a 24 meses; mientras que si se considera de menor gravedad la condena se limitaría a la sanción económica.
La defensa de Llorente prevé aportar más pruebas a la investigación, del mismo modo que tampoco descarta ampliar la nómina de testigos citados a declarar ante el juez.
La denuncia anónima fue en su momento desestimada al ser probada su falsedad, con datos tan contundentes como que el supuesto número de cuenta donde estaban ingresados tres millones de euros correspondía al número de teléfono de una sucursal bancaria. Desde el primer momento, el entorno de Llorente sospechó que detrás de esa maniobra están algunas de las personas que, según su opinión, han agitado en los últimos meses a la masa social del Valencia en contra suya.
Antes de que acabara 2012, el juzgado de instrucción número uno de Picassent decidió archivar de forma provisional la investigación. Aquella decisión se ve ahora revocada por la Audiencia Provincial.
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