El Consejo de Administración del Real Zaragoza reconoce que ha solicitado la apertura de un concurso voluntario de acreedores y la noticia supone un contratiempo para la contabilidad del Valencia CF, pues el club que preside Agapito Iglesias adeuda todavía cerca de un millón de euros por las operaciones de Pablo Aimar y Arizmendi. Un millón de euros que el Valencia no ha podido reclamar hasta ayer porque los pagarés todavía no han vencido y que no podrá reclamar si en las próximas semanas el juez declara el concurso de acreedores y nombra una administración concursal después de revisar toda la documentación.
El Valencia ya tuvo un problema con los pagos del Zaragoza el pasado verano. Entonces denunció ante la Liga de Fútbol Profesional el impago de casi tres millones de euros correspondientes a uno de los plazos por estas dos operaciones, una denuncia que fue retirada después de que en agosto los dos clubes llegaran a un acuerdo para renegociar esos pagarés. Esos tres millones, según fuentes del VCF, ya se han cobrado, con lo que los 11,2 millones en que se tasó el traspaso del argentino se habvrían ingresado ya en su totalidad. Quedaría pendiente cerca de un millón de euros correspondiente al último plazo de los aproximadamente cuatro en que se vendió a Arizmendi en el verano de 2008, un pagaré que vence el mes próximo y que por muy poco obligará al Valencia a ponerse en la cola de acreedores del Real Zaragoza.
A partir de ahora, al Valencia sólo le queda esperar. De momento a que el juez decida si interviene el Real Zaragoza, decisión que suele demorarse entre 15 y 30 días desde que la petición entre en el juzgado. Si cuando llegue la fecha de vencimiento se ha declarado el concurso, el Valencia no podrá reclamar ni denunciar el impagoni embargar los bienes del Zaragoza. Después puede ocurrir que el concurso acabe en fase de liquidación, lo que llevaría a valorar los bienes de la sociedad para su posterior venta y pago a los acreedores. También que, como en el caso del Levante UD, termine en fase de convenio. Ello supondría la convocatoria de una junta de acreedores a la que tendría que acudir el Valencia como uno más. Allí se elaboraría una propuesta de pago con cantidades y plazos, que se sometería a la votación de todos los acreedores. Sólo después de su aprobación el VCF empezaría a pensar en cobrar la deuda, que para entonces seguramente puede haber quedado reducida a la mitad y aplazada en varios años. Y gracias, porque de haber ocurrido hace un par de años, se hubieran quedado colgados unos siete millones.
http://www.superdeporte.es/valencia/2011/06/10/millon-colgado-zaragoza/130594.html
El Valencia ya tuvo un problema con los pagos del Zaragoza el pasado verano. Entonces denunció ante la Liga de Fútbol Profesional el impago de casi tres millones de euros correspondientes a uno de los plazos por estas dos operaciones, una denuncia que fue retirada después de que en agosto los dos clubes llegaran a un acuerdo para renegociar esos pagarés. Esos tres millones, según fuentes del VCF, ya se han cobrado, con lo que los 11,2 millones en que se tasó el traspaso del argentino se habvrían ingresado ya en su totalidad. Quedaría pendiente cerca de un millón de euros correspondiente al último plazo de los aproximadamente cuatro en que se vendió a Arizmendi en el verano de 2008, un pagaré que vence el mes próximo y que por muy poco obligará al Valencia a ponerse en la cola de acreedores del Real Zaragoza.
A partir de ahora, al Valencia sólo le queda esperar. De momento a que el juez decida si interviene el Real Zaragoza, decisión que suele demorarse entre 15 y 30 días desde que la petición entre en el juzgado. Si cuando llegue la fecha de vencimiento se ha declarado el concurso, el Valencia no podrá reclamar ni denunciar el impagoni embargar los bienes del Zaragoza. Después puede ocurrir que el concurso acabe en fase de liquidación, lo que llevaría a valorar los bienes de la sociedad para su posterior venta y pago a los acreedores. También que, como en el caso del Levante UD, termine en fase de convenio. Ello supondría la convocatoria de una junta de acreedores a la que tendría que acudir el Valencia como uno más. Allí se elaboraría una propuesta de pago con cantidades y plazos, que se sometería a la votación de todos los acreedores. Sólo después de su aprobación el VCF empezaría a pensar en cobrar la deuda, que para entonces seguramente puede haber quedado reducida a la mitad y aplazada en varios años. Y gracias, porque de haber ocurrido hace un par de años, se hubieran quedado colgados unos siete millones.
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