Una sentencia obliga a restituir la situación de 2009, con lo que el Consell queda liberado y el banco ha de asumir las acciones
J. CARLOS VALLDECABRES | VALENCIA.-
Vuelta al pasado. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia ha triturado el actual panorama accionarial del Valencia CF, al dictar una sentencia por la cual queda anulado el aval que hace cuatro años concedió la Generalitat Valenciana a la Fundación. El fallo judicial indica el «cese inmediato de dicha actuación hasta la reposición de la situación al momento anterior a la concesión del aval por el Instituto Valenciano de Finanzas».
Es decir, salta por los aires el ya complicado escenario en el que actualmente se estaban moviendo Generalitat y Bankia, con el crédito impagado por la Fundación como caballo de batalla. La consecuencia directa de la sentencia es que el gobierno valenciano queda liberado drásticamente del aval, lo que supone un bálsamo para las arcas públicas teniendo en cuenta que todavía están pendientes de pago 81 millones de euros, con los correspondientes intereses (en total la cifra rondaría los 100 millones hasta 2015), toda una losa económica después de haber tenido que abonar 4,8 millones precisamente por los intereses de 2012.
Y la otra consecuencia es que Bankia pasa a ser de facto la nueva dueña del Valencia, ya que tras la anulación del aval del Consell no tiene más garantía que las acciones de la Fundación (70% de la propiedad).
El fallo supone un inesperado retorno al verano de 2009, fecha en la que el IVF dio el visto bueno a avalar el préstamo inicial de 75 millones de euros (luego hicieron falta otros 6 millones más al no poder hacer frente la Fundación al primer pago de intereses). En aquel momento el Valencia sólo había podido colocar en la primera ronda de la ampliación de capital social 18 millones de euros de los 92,4 que se pusieron a la venta en total. El objetivo de esta ampliación (que debía completarse en su totalidad para ser válida), era por un lado evitar con la inyección económica caer en concurso de acreedores y, al mismo tiempo, taponar el intento de acceso de Inversiones Dalport al club.
Los títulos que se quedaron sin vender tras esta fase inicial no fueron puestos en el mercado en una segunda etapa para el público general, pese a que así se llegó a planificar en un primer momento. Los compró en bloque la Fundación en una operación puesta en entredicho judicialmente por algunos accionistas. De hecho, se impugnó la ampliación en 2010 en el juzgado de lo Mercantil pero fue desestimada.
Otra querella en marcha
Mucho más reciente ha sido la presentación de una querella, que sigue en proceso, por parte de Andrés Sanchis contra Manuel Llorente, José Luis Olivas, Javier Gómez y Társilo Piles basándose en supuestos delitos de estafa, malversación y delito societario al creer que de una forma u otra «maquinaron una operación para permitir a la Fundación que se quedara con ese gran paquete de acciones».
Pero ha sido ahora cuando un grupo de socios valencianistas ha conseguido dar el mayor revolcón en la historia de la entidad y agitar todavía un poco más la ya de por sí nerviosa situación social. Estos socios aspiraban a ejercitar su derecho de suscripción preferente de las acciones que sobraron después de aquella primera oferta de ampliación. Al quedarse con las ganas porque no pudieron acceder a ninguno de los títulos, iniciaron en marzo de 2010 un litigio que tres años después ha acabado dándoles la razón, si bien cabe la opción de que el Instituto Valenciano de Finanzas presente un recurso de apelación.
A la hora de argumentar la sentencia, la magistrada-juez ofrece argumentos para fundamentar su impactante escrito. En primer lugar considera que la operación por la que el IVF avalaba no sólo era gratuita sino que, además, entrañaba ciertos riesgos. Dictamina la juez que de haber sido aplicados los límites a la concesión de ayudas por parte de la Generalitat Valenciana prevenidos en la Ley de Hacienda Pública Valenciana, nunca se hubieran podido asumir dichos riesgos.
Se excedieron los límites
Al respecto especifica que el acuerdo que se adoptó excede los límites establecidos por la Comisión de Inversiones del IVF, que era el órgano competente. Recuerda una circunstancia que ha resultado obvia en los últimos meses, como es el hecho de que no consta que la Fundación «haya acreditado contar con capital, ingresos o patrimonio alguno con que hacer frente no sólo al pago de comisiones y gastos pactados, sino ni siquiera con qué atender al principal prestado por Bancaja y avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas». En su día, la primera intención era que el Valencia fuera inyectado a la Fundación en concepto de donación anual más o menos el dinero que hiciera falta para pagar los intereses. La amenaza de cometer una asistencia financiera ilegal echó abajo todo el plan y empezaron los problemas.
Pero va incluso más allá a la hora de explicar que no se siguió el camino correcto. En la sentencia se viene a decir que correspondía a la Comisión de Inversiones evaluar si la operación estaba sujeta o no a control de Defensa de la Competencia, y no en cambio al propio IVF ni a la Generalitat Valenciana.
Por si fuera poco, se centra también en el hecho de que se «prescindió absolutamente del procedimiento de comunicación a las correspondientes autoridades europeas», saltándose así un requisito importante. «Resulta evidente que la concesión del aval, y su ampliación, por ruinosa, nunca podría generar ingresos al Instituto Valenciano de Finanzas, sino cuantiosas pérdidas al propio IVF y a la Generalitat que responde por él», se destaca en un apartado del escrito de la magistrada.
De hecho, en la sentencia se incluye que sin prescindir total y absolutamente de las reglas del procedimiento, las irregularidades y sus efectos son tales que hay que calificarlo como una actuación administrativa desproporcionada, no respaldada en forma legal por el procedimiento administrativo legitimador de la concreta actuación.
El varapalo recibido es contundente. Ni Manuel Llorente como presidente del club, ni José Luis Olivas como presidente entonces de Bancaja, ni Gerardo Camps en representación de la Generalitat, ni tampoco Társilo Piles como máximo responsable de la Fundación podían imaginar en aquel agosto de 2009, cuando se anunció por todo lo alto este 'rescate', que años después se iba a llegar a esta situación.
En estos momentos cabe incluso la posibilidad de que el banco inicie un nuevo camino judicial para exigir responsabilidades ante este desaguisado. Bankia podría encargar a sus servicios jurídicos si hay argumentos suficientes para pedir posibles responsabilidades patrimoniales a aquellos que de alguna forma u otra, ya sean representantes administrativos o incluso los mismos dirigentes de la entidad, participaron en los acuerdos de 2009.
En este sentido, desde que se supo que la Fundación, al no poder sacar a la venta las acciones, tenía una incapacidad manifiesta para poder pagar los intereses generados, en cada reunión del patronato se planteaba la misma duda. Querían saber los patronos hasta dónde podía llegar su participación en la Fundación en caso de que finalmente se les exigiera algún tipo de responsabilidad. Un documento firmado por Bancaja les liberaba de cualquier tipo de situación personal.
La hoja de ruta, desfasada
De cualquier forma, todo adquiere una tonalidad diferente a partir de estos momentos. Si el Consell había decidido que fuera la Fundación la que siguiera poseyendo formalmente las acciones, Bankia puede adoptar algo parecido. Es lógico pensar que entre Generalitat y banco se intente llegar con celeridad a un acuerdo para evitar la sensación de desbarajuste accionarial. Aun así, está más presente que nunca el deseo de encontrar un inversor que alivie las necesidades económicas de unos y de otros.
Císcar lanzó el viernes un mensaje contundente a Bankia en un descarado intento de presionar a la entidad para que fuera «sensible con los valencianos». Al vicepresidente y al conseller Máximo Buch les ha tocado confeccionar (la promesa fue tenerla antes de Fallas) una hoja de ruta para ir salvando los intereses y la devolución de esos 81 millones de euros. Císcar siempre ha mantenido que la Generalitat quería aonar la mínima cantidad.
De manera paralela, Llorente se encuentra con que tiene que llegara un acuerdo con Bankia antes del 26 de marzo por los 200 millones de euros que tiene que devolver el Valencia. Aunque parezca sorprendente, es curioso cuanto menos que Bankia sea en estos momentos el 'dueño' del club y que se deba a sí mismo un buen puñado de millones.
Las cifras
